Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx             

La división de poderes en México funciona en cuanto a la formalidad existente entre cada uno, pero en realidad bien sabemos que sólo existe el Ejecutivo. También que el Legislativo es el más sometido, pero que además no actúa más que en forma colegiado. En lo individual cada uno de sus miembros no representa ni hace nada. El Judicial no es el único encargado de la administración de justicia, porque la comparte con las procuradurías, ahora caprichosamente llamadas fiscalías por imitación a otros países, pero que son dependientes del Ejecutivo y la generalidad de ciudadanos las confunde con el Poder Judicial, al que se llegan a atribuir muchos de los errores que comete durante su desempeño. Esta situación no es exclusiva de la federación, pues el mismo esquema es aplicado en todas las entidades de la República, en las que los tribunales de justicia  y procuradurías, o fiscalías, tienen las mismas funciones, aunque del llamado fuero común.

   En cuanto a los errores, deficiencias, actos de corrupción, violación de los derechos humanos e inclusive chantajes  y violencia en algunos centros de readaptación social, se atribuyen a cuestiones políticas o a la intervención de otros poderes, sobre todo cuando hay conflictos de intereses o en algo puede influir la opinión pública en favor o contra de algunas de las partes. En México tenemos muchos ejemplos de la falta de aplicación de las leyes, o de las injusticias que se comenten, sobre todo en el aspecto penal, donde como dijo el poeta no se castiga el delito sino la pobreza. En los últimos meses hemos sido testigos en Oaxaca de los grandes, graves y repetidos delitos que comete el magisterio, sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y sus pupilos los normalistas, sin que se les toque siquiera con una llamada de atención, por el control que ejerce el Ejecutivo estatal sobre los otros poderes. Lo más escandaloso con este nuevo gobierno fue que algunos de los líderes de este gremio de saqueadores del erario público habían sido sentenciados por las autoridades competentes, quienes encontraron los elementos suficientes para ello, que además constan a todo el pueblo oaxaqueños porque sus delitos fueron cometidos públicamente, como incendios, robos, asalto a establecimientos comerciales, cierres de carreteras y estafa a automovilistas, pero por intervención y gestiones oficiales fueron puestos en libertad después de las presiones del propio magisterio y de los normalistas, violándose impunemente el sistema de justicia mexicano.

   Nunca se dio ninguna explicación de por qué se puso en libertad a esos rufianes, pero sí se supo que el juez les prohibió continuar con sus actividades de dirigentes sindicales, sobre todo de volver a incurrir en los mismos delitos, pero fue lo primero que hicieron al ser liberados, y lo siguen haciendo, con la complacencia de las autoridades federales y estatales. Desde luego que esto, aunque muy molesto e insultante para el pueblo oaxaqueño, se ha vuelto casi normal porque así funciona la política mexicana, que tiene mucho de lo mismo en la mayoría de las entidades federativas. En cuanto al aspecto de la delincuencia organizada, y hasta de la desorganizada, la impunidad sigue imponiéndose. Los motivos son numerosos, imposible de señalar, pero existen y se resienten por la población, por eso de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Oaxaca ocupa el sexto lugar entre los estados más corruptos de la República mexicana. Si alguien lo duda sólo tiene que recordar la administración de los dos últimos gobernantes, Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cue Monteagudo, y hacer un ligero repaso de los pocos meses que lleva el actual gobernador. La inseguridad sigue prevaleciendo y los derechos humanos son inexistentes, porque hasta el libre tránsito está sujeto a los caprichos y exigencias de organizaciones como las magisteriales, normalistas, antorchistas y todo tipo de dirigentes sindicales ansiosos de mayores prerrogativas.

   Estos comentarios, que ya son comunes y cotidianos en el estado, se deben a que hace algunas semanas el Congreso del Estado, por acuerdo del gobernador, designó a un nuevo funcionario público encargado de un ramo de la administración de justicia, y de inmediato algunos medios y personas oportunistas lo aclamaron como la mejor para hacer valer la ley y el derecho, que nadie más que él era el indicado para que imperara la justicia en nuestro medio, por su gran capacidad, experiencia, grados académicos e incorruptibilidad, por lo que desde el momento de su designación deberíamos confiar en que ahora sí en nuestra entidad prevalecería el orden y el respeto a todos los derechos ciudadanos. En las redes sociales y algunos medios no se hicieron esperar mucho las fotografías de tales personas con el susodicho personaje, por eso el comentario mínimo de que esa encomienda no es personal, y que ni el más destacado de nuestros juristas ha logrado al menos imponer su opinión sobre alguna autoridad encargada de la administración de justicia. Es todo un sistema el que se debe corregir, porque de él depende el buen o mal funcionamiento de todos los órganos de gobierno. Ilusionar a la gente con que el nombramiento de un amigo o de alguien a quien se admira es una buena solución para un problema colectivo, no tiene más justificación que la de aplaudir la decisión de un gobernante sólo por el poder que transitoriamente ostenta. La realidad es la que hay que repetir insistentemente para que al menos los errores oficiales y la debilidad del mandatario no sigan perjudicando tanto a los más necesitados.