Por Raúl González Nova
CENTROS DE REHABILITACIÓN: ENTRE LA NECESIDAD SOCIAL Y LA FALTA DE VIGILANCIA
En #AlmoloyadeJuárez, como en muchos municipios del Estado de México, el problema de las adicciones continúa creciendo y, con ello, también la proliferación de supuestos centros de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción.
Sin embargo, la gran pregunta es: ¿todos estos lugares cumplen realmente con la ley y ofrecen una atención digna, profesional y segura?
Porque abrir un centro de rehabilitación no consiste únicamente en rentar una casa, colocar algunas literas y comenzar a recibir personas. La normatividad exige permisos sanitarios, uso de suelo autorizado, dictámenes de Protección Civil, personal capacitado y condiciones adecuadas que garanticen la integridad física y los derechos humanos de quienes ingresan.
El problema es que diversos establecimientos operan presuntamente en la informalidad, sin supervisión constante y, en algunos casos, acumulando señalamientos por supuestos malos tratos, hacinamiento o condiciones poco humanas.
Vecinos han denunciado que algunos inmuebles funcionan sin mostrar información visible sobre permisos municipales o sanitarios, mientras las autoridades parecieran no darse cuenta… o simplemente mirar hacia otro lado.
Y aquí surge otra interrogante importante: ¿el Ayuntamiento realmente inspecciona estos espacios antes de permitir su funcionamiento? ¿Existe coordinación efectiva con las autoridades sanitarias y de Protección Civil para verificar las condiciones en las que operan?
Porque una cosa es brindar apoyo a personas que enfrentan problemas de adicción y otra muy distinta es convertir una necesidad social en un negocio sin regulación.
La rehabilitación debe representar una oportunidad para recuperar la vida, no un riesgo adicional para quienes atraviesan momentos de vulnerabilidad.
Hoy más que nunca se requieren transparencia, supervisión y responsabilidad institucional. Porque la salud y la integridad de las personas no deberían quedar en manos de la improvisación ni de establecimientos que operen fuera de la legalidad.
Yo solo pregunto… y que las autoridades respondan.
DESPUÉS DEL SUPUESTO «ASALTO» EN PRESIDENCIA, CRECEN LAS DUDAS SOBRE LA SEGURIDAD EN ALMOLOYA DE JUÁREZ
Mientras el gobierno municipal presume tecnología, videovigilancia y un supuesto fortalecimiento del C4, en las calles la percepción ciudadana parece contar una historia muy diferente: la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes.
Tras el supuesto asalto ocurrido en la Presidencia Municipal, lejos de existir resultados contundentes o explicaciones claras para la población, quedaron expuestas serias dudas sobre la capacidad operativa de la corporación encargada de brindar seguridad a los almoloyojuarenses.
Aunque oficialmente la Dirección de Seguridad Pública cuenta con alrededor de 100 elementos, ciudadanos y policías inconformes aseguran que la cantidad de efectivos que realmente patrullan las calles sería considerablemente menor.
Según diversas versiones, una parte importante de los elementos se encuentra asignada a labores administrativas, monitoreo en el C4, escoltas de funcionarios y otras actividades que reducen la presencia policial en comunidades y delegaciones.
La situación, afirman algunas voces internas, se vuelve aún más complicada durante los fines de semana, cuando la cobertura policial sería insuficiente en distintas zonas del municipio.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando robos, hechos violentos y una creciente sensación de inseguridad.
A ello se suma la salida de al menos 36 elementos durante el presente año, situación que refleja el desgaste interno de una corporación que enfrenta cuestionamientos tanto operativos como administrativos.
De acuerdo con testimonios de policías inconformes, algunos elementos habrían decidido abandonar la institución tras desacuerdos con ciertas prácticas internas y por presuntas presiones ejercidas por mandos superiores.
Las acusaciones señalan directamente al comisario #EdgarBlandoHidalgo quien es mencionado por elementos inconformes como presuntos responsables de tolerar o permitir esquemas irregulares dentro de la corporación.
«500 por volador», relatan algunos policías bajo condición de anonimato, al referirse a presuntas cuotas o cobros relacionados con determinados servicios, señalamientos que hasta el momento no han sido aclarados públicamente por las autoridades competentes.
«No hay policías suficientes para cuidar a mas de 180 mil habitantes, pero sí para cuidar intereses personales», denunció uno de los elementos consultados.
Además, los señalamientos sobre el uso de #patrullas para actividades ajenas a la seguridad pública y la asignación de personal como escoltas particulares continúan generando inconformidad dentro y fuera de la corporación.
Y mientras todo esto ocurre, el gobierno municipal mantiene silencio.
No se conocen investigaciones públicas. No existen explicaciones claras para la ciudadanía. Tampoco se observan acciones visibles que permitan recuperar la confianza de la población en sus instituciones de seguridad.
Diversas voces dentro y fuera del municipio coinciden en que la seguridad pública de Almoloya de Juárez atraviesa una etapa complicada, donde los intereses políticos parecen ocupar más espacio que las soluciones de fondo.
Por ello, ciudadanos y elementos inconformes han solicitado la intervención de las autoridades estatales para revisar lo que realmente ocurre al interior de la corporación municipal.
Porque hoy, en Almoloya de Juárez, la pregunta ya no es qué está pasando.
La verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo permitirán que la seguridad del municipio continúe deteriorándose?
Mientras tanto, el alcalde #AdolfoSolisGomez parece concentrado en la construcción de su proyecto político rumbo a la reelección, mientras miles de ciudadanos siguen esperando resultados concretos en materia de seguridad pública…..
Chin… se me terminó el espacio. Nos vemos en la próxima.
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Recuerden, amigas y amigos: los periodistas no debemos pedir libertad de prensa, debemos exigirla.
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