Por William Hundelshauseen Carretero

Presidente Nacional APIC

En la constitución de 1991 la Carta de Derechos se abre con el reconocimiento del DERECHO A LA VIDA. Este cobra vigencia en el Capítulo 1 del Título II de la Ley Suprema, entre los derechos humanos que el constituyente reconoce expresamente como fundamentales. El derecho a la vida es fundamental porque por su esencia, contenido y alcance se presenta a los ojos del jurista como inherente a la persona humana: como un bien que hace parte de su juridicidad natural, cuando decimos que la vida y otros derechos de análogo rango son fundamentales, estamos afirmando que ellos responden a una exigencia absoluta de esos preceptos de la razón natural por los cuales se regula el obrar del hombre. Son fundamentales todos los derechos que por proceder de la naturaleza humana en si misma considerada, pertenecen a todos los hombres y a cada hombre en cualquier tiempo y en cualquier lugar. La fundamentalidad del derecho a la vida es indiscutible, pues a nadie escapa que en él hallan su raíz los demás derechos.

Todos sabemos, sin embargo, que en abierto contraste con el reconocimiento constitucional del derecho a la vida y con las prohibiciones penales del hacer morir, Colombia es un país repleto de muertes violentas, donde el homicidio ha llegado a convertirse en la primera de las causas de muerte entre los varones adultos. Es bien cierto que en el mundo entero hay diariamente miles de crímenes contra la vida, y que desde los primeros días de su aparición en la tierra los hombres han matado por disfrute, por contagio, por impulso, por prejuicio, por cobardía o por desequilibrio. Lo que perturba y horroriza al leer las estadísticas sobre hechos de sangre en nuestra sociedad, es descubrir con cuánta frecuencia y regularidad se mata en ella para suprimir las divergencias y las diferencias. Un notable porcentaje de los homicidios cometidos en territorio colombiano están inspirados en el odio político y en la discriminación. Muchísimas de las victimas del asesinato en Colombia eran personas que en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales disentían o diferían. Quienes les dieron muerte obraban con el ánimo de exterminarlas por su forma de pensar o su manera de vivir. La abundancia de homicidios consumados por razones políticas o discriminatorias, revela claramente el auge de una mentalidad extremista entre quienes son responsables de esas muertes violentas. Desde hace años causa estragos en Colombia cierto modo atroz de pensar que admite y justifica los procedimientos de fuerza bruta encaminados a combatir violentamente el disentimiento y la diversidad. Quienes mueren por sus ideas, por sus actividades o por sus comportamientos, perecen a manos de criminales que practican la llamada “política de la sinrazón” y son refractarios a la tolerancia, el pluralismo, el dialogo y el consenso. En esos homicidas no es difícil descubrir los rasgos de una personalidad autoritaria – tan común entre los nazis y los estalinistas – que se representa el mundo como un escenario de conflicto permanente y mira a cada contradictor expreso o tácito a un verdadero enemigo, a un opositor de mala voluntad cuya existencia resulta peligrosa. Los responsables de los homicidios perpetrados en desarrollo de esa “política de la sinrazón” provienen de diversos estamentos de la sociedad, y actúan en nombre de distintas causas. Algunos de ellos son servidores del Estado que se involucran en ilegales procesos represivos, o particulares sumados, por sectarismo o por ánimo de lucro, a la aplicación de la violencia institucional. Otros son miembros de grupos armados que en la búsqueda del derrocamiento del gobierno practican el castigo y la represalia en adversarios y desafectos. Pero todos estos criminales comparten la misma aberración: todos están desesperadamente persuadidos de que con la violación de la ley se facilita y acelera la llegada de la victoria. Para todos ellos la destrucción de vidas humanas es una manera de quebrantar las reglas del juego por razones de conveniencia. El asesinato ha llegado a ser para este género de homicidas una herramienta de trabajo, un utensilio que se empleó con fin de eliminar obstáculos y superar dificultades. En Colombia se mata en no pocas ocasiones con la intención específica de hacer que el terror se expanda a lo largo y a lo ancho del cuerpo social, con el deliberado propósito de empavorecer a quienes de cerca o de lejos presencian el estrago sanguinario. Quienes hacen estallar bombas en lugares concurridos, quienes planean y ejecutan campañas de exterminio contra grupos políticos y quienes asesinan a personas cuya única culpa radica en haber sido fieles a su deber, no persiguen sólo la eliminación de sus víctimas, en ocasiones escogidas al azar, sino que pretenden hundirnos en el miedo y en la incertidumbre con el más brutal de los métodos, el homicidio terrorista es un  acto de violencia tan repulsivo como ineficaz. Por favor! detengamos tanto sufrimiento que cierne sobre nuestra patria tengamos en cuenta estas siete palabras que reconoce primero los derechos originarios de la persona humana, el más eminente de los bienes que integran el ser del hombre y leamos detenidamente el artículo 11 de la Constitución “EL DERECHO A LA VIDA ES INVIOLABLE”.