Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx
Desde que el nuevo gobernador del estado inició su mandato complaciendo todas las caprichosas exigencias de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como lo han venido haciendo todos los gobernadores desde hace casi medio siglo, estos volvieron a engallarse con amenazas a la población de que intensificarán sus vandálicos actos de protesta como bloqueos de calles y carreteras, así como plantones y asaltos a tiendas departamentales y de autoservicio, para presionar a que se les resuelva favorablemente su nuevo y exagerado pliego petitorio, que comprende otra vez la derogación de la reforma educativa en el estado, la suspensión de las evaluaciones a los docentes, el paso automático a plazas de profesores a normalistas y la aprobación de su convenenciero Plan Estatal para la Transformación de la Educación en el Estado de Oaxaca, así como que se agilicen las actividades de su mesa laboral, a pesar de que la mayoría de estas solicitudes ya han sido atendidas en exceso por el nuevo mandatario.
Como se recordará, estas amenazas y su gansteril cumplimiento se repiten cada año, sin que nada satisfaga la voracidad de la dirigencia de esa seccional, a pesar de que a la anterior se le absolvió de todos los graves delitos que cometió, en franca violación de las leyes federales y del fuero común, para que permitiera a la población trabajar y llevar a cabo sus actividades normas en un clima de paz y tranquilidad. Es necesario también recordar que uno de los principales encubridores de los ilícitos de esa dirigencia fue el gobernador Heladio Ramírez López, quien el 28 de octubre de 1992 creó el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, para ponerlo en manos de la dirigencia de entonces, encabezada por Erangelio Mendoza Nube, y que desde esa época lo venían explotando a su gusto, hasta el año pasado en que por acuerdo de Enrique Peña Nievo fue transformada esa institución para ponerla en manos del estado, pero que de muy poco sirvió porque da la impresión de que otra vez la tienen en su poder para continuar su labor destructiva en contra del sistema educativo de la entidad. Sería conveniente una urgente reacción popular para frenar esos desmanes.
Igual que esa sección, otros grupos de luchadores sociales han vuelto a las mismas instancias del pasado, para retomar la ubre estatal y continuar su modus vivendi, porque parece que el cambio de gobierno ha sido solo de personas, pues continúa el sistema de regateo entre los que piden y los que otorgan, quedando en medio la ciudadanía, que es la única que sale perjudicada, sobre todo los sectores productivos y comerciales que sostienen el movimiento económico del estado. Algunos de estos grupos se han sumado a la oficialidad, considerando que pueden borrar su oscuro pasado con un nuevo rostro que les reditúe más, pero ya son de sobra conocidos y no se les puede confundir, porque se han pasado todo el tiempo junto al presupuesto con banderas de reivindicación social. El problema aquí, como en toda la República, es la falta de aplicación de las leyes, por eso la delincuencia crece ostentándose como luchadora social.
Otro de los grandes problemas que enfrenta el país y que lo mantienen en la corrupción y la impunidad, es la complicidad existente entre la clase política, que se ha manifestado abiertamente entre los ex mandatarios federales y estatales. Aquí se escandalizó mucho, por enésima ocasión, el pésimo y fraudulento comportamiento, sobre todo económico, del saliente gobernador Gabino Cue Monteagudo. El nuevo tuvo el suficiente tacto como para no anunciar su persecución, como se venía acostumbrando en el pasado, pero parece que la nueva legislatura, a petición de dos ciudadanos, procederá en su contra, no como venganza sino con apego a la legalidad y la justicia. Acaba de darse a conocer que la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura estatal, aprobó radicar juicio político promovido contra Gabino Cue Monteagudo, “por distraer las rentas públicas del Estado de los objetos a que están destinados por las leyes, así como por el desvío de recursos públicos que trastocan el funcionamiento normal de las instituciones”, por un monto superior a los cuatro mil millones de pesos. Claro que eso es un decir y el tecnicismo legal algo inteligible, pero la realidad es que las acusaciones públicas en contra del ex mandatario son por muchos miles de millones de pesos más y múltiples los cargos contra él y la mayor parte de su cerrado equipo de gobierno, entre los que figuran muchos de los ex líderes populares que supuestamente lo llevaron al poder.
Las cosas han llegado a tal extremo, que para el dominio público las acusaciones contra Gabino rebasan mucho las que en su momento se hicieron contra Ulises Ruin Ortiz, pero que por cuestiones de complicidad oficial quedaron en el olvido y los intentos sólo llegaron a afectar a los menos involucrados en la corrupción ulisista. Ahora contra el ex gobernador y su pandilla se han aportado pruebas, probadas y comprobadas, pero nada se había comentado en los círculos gubernamentales, por lo que se tenía la impresión de que igualmente pasarían al olvido. Si este nuevo gobierno llega con deseos verdaderos de un cambio, debe proceder de inmediato en contra de ellos, ahora que se ha prendido la hoguera, y apagar a tiempo la que amenaza con incendiarnos a través de la nefasta dirigencia de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con eso tendremos bastante.
