Por: Diana Arango

La violación entre regularización y usos y costumbres en Toluca

La suspensión de la Casa de Saberes Zipaktokal en el municipio de Toluca, abre un debate profundo que va mucho más allá de un simple diferendo vecinal o un trámite administrativo. En el fondo del asunto se halla una tensión constante en el México contemporáneo, la dificultad de los marcos legales trazados por los pueblos originarios y avalados por la constitución y organismos internacionales y locales, para abrazar, regular y proteger las prácticas de identidad local, los usos y costumbres, así como los espacios dedicados a la medicina tradicional y la sanación ancestral, lugares que ayudan a evitar el impacto hospitalario tan castigado también actualmente, ya que como nos explican los abuelos y abuelas que manejan el conocimiento ancestral, todas las enfermedades son psicosomáticas.

El pasado 31 de julio de 2026, las puertas de este espacio fueron cerradas provisionalmente tras las quejas de un habitante de la zona respecto al ruido del quemador de gas, el humo del copal y la ebullición de plantas medicinales, irónicamente, en un intento por convivir en armonía y mitigar las molestias, la administración del centro ya había sustituido la tradicional leña por gas, la respuesta oficial ante el conflicto fue exigir una licencia de funcionamiento que, debido a los vacíos en los catálogos normativos, encasilla erróneamente un recinto ceremonial y de salud holística bajo el giro de «sauna». Esta homologación forzada despoja al temazcal de su esencia cultural y espiritual, reduciéndolo a un mero servicio cosmético o de recreación, violando la libre determinación de los pueblos a sus tradiciones.

Detrás de los sellos de suspensión no solo hay un proyecto de vida detenido, hay el sustento de una familia mexiquense, una fuente de empleo digno y un refugio para decenas de ciudadanos que acuden en busca de bienestar físico, emocional y espiritual. El argumento punitivo de la normatividad urbana no puede aplicarse a rajatabla de forma ciega, ignorando el valor intangible de la preservación cultural que estos espacios representan, no son quienes para determinar tal atropello.

Los gestores de Zipaktokal han manifestado una postura ejemplar, no buscan la confrontación, no rehúyen a la ley ni pretenden operar en la clandestinidad, Al contrario, el proceso de regularización se encuentra en trámite y existe una plena disposición para subsanar observaciones técnicas o realizar las adaptaciones necesarias, a pesar de ello, el diálogo parece haberse obstruido por la recolección de firmas vecinales que apuestan por el cierre definitivo en lugar del entendimiento mutuo.

Corresponde ahora a las autoridades del Ayuntamiento de Toluca, encabezadas por el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida, el primer regidor Mario Magno y el director general del ayuntamiento Mario Alberto Medina, intervenir con sensibilidad política, social, respaldar firmemente los derechos de los pueblos, las prácticas tradiciones, la legítima medicina ancestral. La legalidad no tiene por qué estar reñida con la justicia social ni con la identidad cultural, el gobierno municipal tiene la oportunidad de sentar un precedente valioso por primera vez en este tema, propiciar mesas de diálogo donde se privilegie la concertación comunitaria, se adecuen los criterios para la medicina ancestral y se permita trabajar dignamente a quienes mantienen vivos nuestros saberes originarios.

La convivencia urbana exige tolerancia, pero también exige de las instituciones una mirada empática que entienda que proteger la economía familiar y salvaguardar nuestras tradiciones son pilares fundamentales para el tejido social, cerrar los canales al diálogo es apagar una parte de nuestra propia historia.