CIERRE DE SINDICATO EN ECUADOR

103 REDLADEl Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (REDLAD) alerta sobre la disolución arbitraria y definitiva de uno de los gremios de maestros más grandes y antiguos del país, que recientemente ha presentado denuncias de violaciones a derechos de los trabajadores de la educación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La Unión Nacional de Educadores (UNE), cuya existencia data desde 1950, fue notificada el pasado 18 de agosto, mediante resolución del Ministerio de Educación, de la disolución del sindicato y el rechazo a la petición de UNE de archivar un proceso iniciado el 21 de julio. Dicha acción está basada en supuesto incumplimiento con los propios estatutos del gremio de maestros y reglamentos de las organizaciones sociales, tales como no haber registrado la directiva de UNE. En su defensa, la presidenta del sindicato ha afirmado que es el Estado el que ha dilatado el proceso de registro.

Abogados de la UNE ya están trabajando para analizar a fondo los hechos jurídicos, ya que se considera que estos no tienen causa pertinente que haya sido señalada dentro de la notificación de disolución y que únicamente se trata de causas con trasfondos políticos. Vale recalcar que la disolución se da en marco de la presentación de información a los organismos internacionales, antes mencionados, que evidencia en detalle de cómo el gobierno ha violado los derechos de los trabajadores de la educación y en los últimos años ha violado sistemáticamente la libertad de asociación.

El Secretariado Permanente de la REDLAD, plataforma de más de 520 organizaciones que defienden la democracia y los derechos humanos, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA) y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD):

·         Rechaza la arbitrariedad del Ministerio de Educación en el cierre del sindicato.

·        Señala la persecución política que reciben las organizaciones y activistas que hacen una contraloría social en Ecuador.

·        Exige el respeto a la libertad de asociación y al debido proceso, garantizando la diversidad de voces que son necesarias para una mayor democracia.

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