Por Rafael Loret de Mola
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México se encuentra ante un grave dilema: seguir sosteniendo a un gobierno de criminales o, como le califican ya en el exterior, a un “narcogobierno”, o comenzar a tomar decisiones generales para finiquitar el flagelo evitando llegar a los extremos que plantea Donald Trump respecto a la persecución de los cárteles terroristas con intervenciones militares, recuérdese que tal posibilidad ya no es una advertencia sino una orden ejecutiva firmada en la Casa Blanca.
Desde luego, esta amarga situación es consecuencia de las políticas desdeñosas y tolerantes por parte del régimen actual de nuestro país cuyo ex canciller, Juan Ramón de la Fuente, muy ufano, se atrevió a declarar que “no permitiríamos” la aplicación de tales medidas estadounidenses en suelo mexicano mientras la señora Sheinbaum, con voz engolada, remató diciendo que lo acordado por el mandante del norte “solo aplica” a los Estados Unidos y no tiene nada que ver con México. El primero, envalentonado tras un escritorio que le quedó demasiado grande, casi se atrevió a proponer una declaración de guerra y la segunda, la llamada presidente, parece mirar hacia otro lado cuando el acoso es tremendo y festina haber logrado una prórroga de noventa días -ya pasaron dos semanas- para la aplicación de los absurdos aranceles que impondrá USA a los productos mexicanos sin saber cuánta será la fluctuación de los mismos: del 15 al 50 por ciento. Y tenemos las manos atadas ante la voluntad del poderoso y la pobre visión estancada del T-Mec.
Tal situación obliga a plantearnos cómo debemos responder los mexicanos. Por una parte, una fuerte corriente estima que ya no puede sostenerse a un gobierno fallido como el de la señora Claudia y no se escatiman marchas de protestas que no tienen el menor efecto en las conductas de los cuatroteros insolentes; por la otra, otro sector de compatriotas prefiere lavarse las manos y seguir apoyando al gobierno bajo el fútil argumento de que les provee de fondos del bienestar que se cargan a la deuda de la nación estimada ahora en 17 billones 797 mil millones de pesos, una cantidad escandalosa y que equivale a casi el 50 por ciento del Producto Interno Bruto; en términos reales cualquier empresa con tales números declararía la quiebra.
¿Qué hacer entonces? Una solución drástica -y no deseable- sería que las manifestaciones subieran un peldaño hasta sitiar y tomar a las fuentes del poder gubernamental. Tal sería una especie de golpe de Estado con auxilio del sector del ejército que no comulga con este gobierno y parece estar ansioso de rebasar al mando supremo. Esta posibilidad no es imposible en términos reales, pero ocasionaría un enfrentamiento civil de graves consecuencias.
Otros cauces serían:
1.- La sanción ciudadana. Esto es repeler a quienes gobiernan en donde se paren y hacerles sentir el repudio colectivo más allá de protecciones y porristas del régimen. Qué no haya rincón de la patria en donde puedan encontrar refugio ante el rencor y el dolor del pueblo terriblemente agredido por tantas decisiones absurdas y sus efectos, desde el desabasto de medicinas y alimentos hasta la imposición de una “nueva escuela” destinada al enajenamiento de los escolapios como lo hicieron antes los fascistas y los comunistas, en extremos que se tocan. Y no se diga las obras del anterior mandante cuyos fracasos son evidentes pese a los costos exagerados -las comisiones fueron muy altas en beneficio del “clan” López Beltrán, los hijos de AMLO-, y las programadas destinadas a continuar con la agenda de los López por parte de una debilitada mandante, títere de los intereses de su predecesor con las migajas consiguientes para ella.
2.- Otra medida, más extrema, es la desobediencia civil. Esto es, negarse a acatar órdenes, imposiciones y reformas oficiales sin el aval de una ciudadanía ignorada. Negarse, por ejemplo, a la imposición del CURP biométrico o al debido pago de impuestos así como boicotear los servicios oficiales encarecidos oficiosamente, como el servicio eléctrico, consumiendo lo menos para disminuir los ingresos de los pésimos administradores. Lo mismo va para la gasolina e incluso el consumo de agua.
3.- Un paro nacional escalonado, esto es, primero por un día, después de una semana y así sucesivamente hasta llegar a la ausencia indefinida de labores. Sé que el costo sería muy elevado, pero más es el de la sangre que se derrama a diario a causa del crimen organizado que mantiene a la sociedad como rehén.
Pero, para cualquiera de estas posibilidades, se requiere de mexicanos valerosos dispuestos a sufrir los efectos de la soberbia oficial. Recuérdese: los partos históricos, como los naturales, conllevan siempre una dosis de dolor que debe soportarse para alumbrar nuevas vidas y mejores perspectivas para quienes vienen detrás de nosotros, generaciones pujantes dispuestas a evitar ahogarse en los pantanos de la corrupción.
Existen, pues, salidas, antes de que la guillotina de la intervención militar estadounidense caiga sobre nuestras cabezas y anule toda posibilidad para ejercer la soberanía. De esto debiera ocuparse el nuevo pobre Canciller, Roberto Velasco Álvarez, que casi llama a la guerra sin ponerse a pensar que nuestro ejército es una pobre caricatura frente a la mayor potencia del mundo.
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Aunque parezca increíble, quienes observan en riesgo sus intereses personales –por ejemplo, los dueños de los mayores capitales que surgen de la minería, las telecomunicaciones y la producción de cervezas, no sólo de las plataformas petroleras acaparadas por grupos afines a Carlos Salinas, también por el mal nacido Emilio Gamboa Patrón y otros entes de su ralea-, apuestan a que pueden desestabilizar o no a México, considerando el poder que atesoran supuestamente en riesgo también.
Y, de verdad, vienen preparándose para la reconquista del poder a través de la negociación con el gobierno de la 4T que los respeta y encubre.
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