Por: Diana Arango

México sigue entre sangre, tierra y simulación; la deuda infinita con las madres buscadoras, este gobierno sigue intentando vendernos discursos desde la comodidad de la tribuna sobre la supuesta centralidad de las mujeres en la vida pública, pero la realidad nacional se escribe con sangre, impunidad y el dolor insoportable de quienes buscan a los suyos entre los escombros y la tierra seca.

La simulación «violeta» del régimen choca de frente contra el cementerio clandestino en el que han convertido al país, donde la indolencia gubernamental no es un error administrativo, sino una política de omisión y complicidad.

​Las madres buscadoras no piden favores ni dádivas clientelares; exigen la verdad que el Estado se niega a reconocer. Existen muchos casos en los que han rascando la tierra con sus propias manos, con palas gastadas y varillas que perforan el olvido, exponen la bancarrota moral de un sistema que prefiere gastar en circos mediáticos, encubrir políticos corruptos y proteger a su casta dorada antes que destinar recursos dignos, tecnología y voluntad política a la búsqueda de desaparecidos.

Cada fosa clandestina descubierta es una bofetada al discurso oficial de que «todo va bien». Pero la mayor decepción viene de arriba. La presidenta con «a» ha demostrado de sobra que no es sorora ni empática con las madres buscadoras, y mucho menos cumple con el trabajo fundamental que el pueblo le asignó para atenderlas y darles la cara. Entre ella y la realidad hay un abismo insondable; dice una cosa en los reflectores y hace exactamente lo contrario en los hechos, dándole la espalda a quienes exigen justicia y cerrando las puertas de Palacio Nacional al dolor más profundo de México.

​Mientras tanto, la crisis de feminicidios y violencia feminicida sigue golpeando sin tregua a todas las regiones del país, perpetuada por un aparato de procuración de justicia que maquilla cifras criminalmente, archiva carpetas y protege a los agresores mediante pactos patriarcales tan profundos como invisibles.

La justicia institucional se ha vuelto una falacia, un trámite burocrático de puertas cerradas para las víctimas y sus familias, mientras los verdaderos criminales operan con la complacencia o el silencio cómplice de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

​Basta de discursos huecos, de medallas vacías y de usar el dolor de las mujeres como escenografía electoral, las familias enteras destrozadas por la desaparición y la violencia no necesitan abrazos fingidos ni retórica de mañanera; exigen garantías, recursos, verdad sin trabas y castigo real a los culpables.