Por Raúl González Nova
Almoloya de Juárez.– Se acabó el margen para el discurso fácil.
El presidente municipal #AdolfoSolísGómez insiste en repetir que “no hay dinero”, pero los propios documentos oficiales lo contradicen.
En marzo de 2026, el Ayuntamiento de #AlmoloyadeJuárez recibió $29,487,717.97 pesos en participaciones estatales.
Neto, después de deducciones: $29,315,452.25 pesos.
Casi 30 millones de pesos en un solo mes.
El recurso está documentado por la Secretaría de Finanzas del Estado de México.
Es dinero público. Dinero que sí llegó. Dinero que alguien administra.
Y entonces la pregunta deja de ser política.
Se vuelve legal:
¿Qué hicieron con ese dinero?
Porque en las calles la realidad cuenta otra historia:
colonias abandonadas, servicios públicos rebasados, inseguridad creciente y obras que simplemente no aparecen.
Aquí hay responsabilidades directas:
— La Tesorería Municipal, obligada a transparentar el destino de cada peso.
— La Dirección de Obras Públicas, sin evidencia visible de inversión proporcional al recurso recibido.
— Seguridad Pública y el C4, señalados constantemente por irregularidades y resultados cuestionables.
— Y un Cabildo completo —incluidos regidores del PRI y supuesta oposición— que legalmente debería vigilar, fiscalizar y exigir cuentas, pero políticamente permanece ausente.
Esto no es opinión.
Tiene sustento jurídico.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla faltas graves como:
• Uso indebido de recursos públicos
• Desvío de recursos
• Omisión en funciones de vigilancia
• Actuación bajo conflicto de interés
Además, el Código Financiero del Estado de México y Municipios obliga a registrar, administrar y comprobar el ejercicio del gasto público.
Y aquí es donde surge el problema:
Si el dinero está documentado…
pero los resultados no existen…
alguien está fallando.
Y no es menor.
Peor aún: mientras aumentan las dudas, también aumenta el silencio.
Se habla de presuntos robos internos, movimientos irregulares y anomalías operativas dentro del Ayuntamiento, particularmente en áreas sensibles como seguridad y C4. Sin embargo, nadie informa. Nadie aclara. Nadie da la cara.
¿Y qué hace el gobierno municipal?
Intentar desacreditar a quien exhibe los datos.
El problema es que los números no se intimidan.
Y la realidad tampoco.
Porque aquí ya no estamos frente a un simple error administrativo.
Estamos frente a un posible patrón de opacidad sistemática.
Y eso ya no se resuelve con discursos ni conferencias.
Se resuelve con auditorías.
Instancias como el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México e incluso la Auditoría Superior de la Federación tendrían que revisar a fondo qué está ocurriendo en Almoloya de Juárez.
Porque cuando el dinero público existe en papel…
pero desaparece en los hechos…
ya no hablamos solamente de política.
Hablamos de rendición de cuentas.
Y la pregunta final ya no es incómoda.
Es inevitable:
¿Dónde están los casi 30 millones de pesos de marzo?
¿Quién los administró?
¿Y quién va a responder por ellos?
