La crisis de seguridad en Almoloya de Juárez no es casualidad ni percepción ciudadana: es el resultado directo de decisiones políticas tomadas durante la administración de Adolfo Solís Gómez. Hoy el municipio enfrenta un grave déficit de policías en las calles, mientras patrullas oficiales son utilizadas para fiestas privadas y resguardo personal del alcalde y su familia.

De acuerdo con denuncias ciudadanas reiteradas, los pocos elementos activos de la policía municipal son enviados como vigilantes a eventos particulares, principalmente los fines de semana. Esto ha provocado colonias sin rondines, tiempos de respuesta inexistentes y comunidades completamente desprotegidas.

Faltas administrativas y posibles responsabilidades

El uso de patrullas, armas, combustible y personal de seguridad pública para fines privados no es un error menor, sino una posible falta administrativa grave, de acuerdo con:

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíbe expresamente el uso indebido de recursos públicos.

La Ley de Seguridad del Estado de México, que establece que la policía municipal debe destinarse exclusivamente a funciones de prevención y protección ciudadana, no a intereses personales.

El principio constitucional de legalidad, honradez y eficiencia en el servicio público.

Asignar patrullas y policías como escoltas personales o cuidadores de fiestas privadas podría configurar:

Desvío de recursos públicos

Abuso de funciones

Violación al deber de seguridad pública

Datos duros que agravan el escenario

Mientras Adolfo Solís Gómez mantiene protección permanente:

Almoloya de Juárez no cuenta con el estado de fuerza suficiente para cubrir todas sus comunidades.

La recomendación mínima internacional es de aproximadamente 1.8 policías por cada mil habitantes, cifra que el municipio no alcanza.

Vecinos reportan que los fines de semana prácticamente no hay patrullaje, coincidiendo con la presencia de unidades en eventos privados.

El resultado es un municipio en focos rojos, donde la policía dejó de servir al pueblo para convertirse en un instrumento al servicio del poder.

Seguridad para unos cuantos, abandono para la mayoría

El mensaje del gobierno municipal es claro y ofensivo:

quien está cerca del alcalde está protegido; el resto que se cuide solo.

La pregunta ya no es si existe una mala administración, sino quién va a investigar y sancionar el uso discrecional de la policía municipal durante el gobierno de Adolfo Solís Gómez.

Porque la seguridad pública no es un lujo, es una obligación constitucional. Y hoy, en Almoloya de Juárez, esa obligación está siendo ignorada.