Por: Diana Arango

Los médicos no son delincuentes, el gobierno federal desde la máxima tribuna del país, debe cesar la criminalización del acto médico en México y es que la labor de curar, aliviar y salvar vidas se ejerce hoy en México bajo la sombra de la sospecha penal.

Con la reciente aprobación por mayoría de votos de un proyecto impulsado por la ministra María Estela Ríos González —surgida de las filas de MORENA—, el sistema judicial mexicano da un paso más hacia la peligrosa penalización de la práctica médica. Bajo el argumento de que el personal de salud está obligado a seguir protocolos clínicos estrictos para evaluar posibles negligencias, se consolida una visión punitiva que equipara el error técnico o el riesgo inherente de la medicina con la delincuencia dolosa.

​La premisa de la resolución parte de una falacia institucional; asumir que la vía penal es el mecanismo idóneo para regular la calidad de la atención médica. Nadie sostiene que la negligencia deba quedar impune; para ello existen desde hace décadas los tribunales civiles, las demandas por responsabilidad patrimonial y las instancias administrativas como la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).

Sin embargo, buscar que las sanciones penales impongan cárcel por lesiones derivadas de la práctica médica transforma al quirófano y al consultorio en salas de juicio anticipado.

​El impacto de esta medida es devastador y profundamente paradójico. En lugar de mejorar la calidad de los servicios de salud, genera un efecto inhibidor conocido en la literatura médica como medicina defensiva.

Ante el temor latente de terminar tras las rejas por una complicación imprevista, una reacción biológica adversa o el desgaste propio de hospitales saturados y sin insumos, los profesionales optan por la sobremedicación, la realización de estudios innecesarios y el rechazo de casos complejos.

Al final, quien paga los platos rotos no es el sistema, sino el paciente, cuya atención se vuelve más burocrática, costosa e impersonal.

​Es alarmante que se legisle desde el escritorio y desde una perspectiva ideológica que estigmatiza al gremio médico, ignorando las precarias condiciones en las que opera la salud pública en México; turnos extenuantes, falta de medicamentos básicos, equipos obsoletos y déficit de especialistas.

Criminalizar al médico por las fallas estructurales del Estado es una salida fácil para desviar la atención de la crisis sanitaria, los médicos no son delincuentes; son el último eslabón de contención de una crisis que el Estado no ha sabido resolver.

Abrir la puerta a la cárcel por la vía penal en el ejercicio médico no protege a los pacientes, destruye la confianza entre médico y enfermo y condena a la medicina mexicana al miedo y al inmovilismo.