Por: Diana Arango

Cuando pensamos que ya lo habíamos visto todo en esta cuarta deformación morenista, llega el pacto de sombra detrás del huachicol fiscal y es que hay decisiones que se firman de frente a la nación y pactos descarados que solo prosperan en la penumbra.

Cuando la política decide operar en lo oscurito, no lo hace por pudor ni por prudencia institucional; lo hace porque la luz del escrutinio público es el único veneno capaz de desactivar los negocios más lucrativos del poder.

​En el circo diario del discurso oficial se aplauden decomisos menores, se arman expedientes a modo contra enemigos mediáticos y se celebra una supuesta cruzada contra la corrupción. Sin embargo, detrás de las cortinas del teatro del estado, las cañerías del dinero sucio siguen fluyendo con la misma soltura de siempre.

​En la farsa aduanal nos preguntamos millones de mexicanas y mexicanos ¿Dónde están los capos del huachicol fiscal?.
​Hay otra pregunta que escuece en los escritorios del Gabinete de Seguridad y que ningún vocero se atreve a responder sin tropezarse con sus propias mentiras: ¿Por qué carajos no han tocado a los verdaderos magnates del huachicol fiscal?.

​Nos repiten hasta el cansancio que se combate el contrabando de combustibles, pero la realidad los desmiente en cada frontera y en cada puerto. El huachicol fiscal no es un tipo con un tambo y una manguera en una brecha de terracería.

El huachicol fiscal es una operación sofisticada de cuello blanco, son buques, tanques atracando a plena luz del día, miles de pipas cruzando garitas internacionales con pedimentos falsos, facturas clonadas y códigos arancelarios alterados bajo la mirada indolente o más bien cómplice de las autoridades.

​Para mover miles de millones de litros de hidrocarburos ilegales no se necesita invisibilidad; se necesita la firma de administradores aduanales, la clave de acceso a los sistemas del SAT, el visto bueno de mandos navales o militares y el cobijo de padrinos políticos en los más altos niveles.

​Impunidad blindada
​Sostener que el Estado «no ha podido encontrar» a las redes del huachicol fiscal es insultar la inteligencia de la ciudadanía.

La Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas en horas cuando se trata de apretar tuercas a rivales políticos, pero cae en un repentino estado de parálisis cuando los flujos millonarios provienen del contrabando hidrocarburífero.

​Eso no es incapacidad técnica ni falta de recursos; es protección pagada.

No haber desmantelado este cartel de cuello blanco solo demuestra que las sombras de la administración pública albergan un pacto multimillonario de impunidad, se entrega carne de cañón a la prensa mientras los verdaderos capos del fraude fiscal siguen despachando desde oficinas de lujo y financiando campañas.

​Mientras los grandes negocios del crimen en el país se sigan arreglando en lo oscurito, todo discurso moralizante seguirá siendo lo que es: un vulgar show para entretener al pueblo mientras los de siempre se reparten el botín.

LA historia no debe olvidar, la podredumbre institucional, debemos exigir que el INE, ENTRE FANTASMAS Y NEGOCIOS FAMILIARES.

​La máscara del «órgano garante de la democracia» se sigue cayendo a pedazos, dejando al descubierto lo que muchos callaron por años, un botín burocrático inflado, opaco e inmune a la vergüenza.

La reciente revelación sobre el Instituto Nacional Electoral (INE) no es un simple descuido administrativo ni un error de dedo en la nómina; es la radiografía pura de la corrupción sistémica.

Cincuenta y siete proveedores que al mismo tiempo cobran como funcionarios públicos y pagos directos a 18 trabajadores muertos.
​¿Democracia? No. Lo que habita en los pasillos de esta institución es un vulgar esquema de despojo a las arcas públicas.

​Que un funcionario sea a la vez proveedor de la dependencia que le paga el sueldo es la definición clásica de conflicto de interés, tranza y tráfico de influencias. Es convertir el dinero de los contribuyentes en un negocio privado de autocontratación. Pero cobrar a costa de personas fallecidas cruza la frontera de la corrupción contable para entrar en el terreno de la ruina moral; se lucra con los muertos mientras a los vivos se les exige austeridad, transparencia y fe ciega en sus instituciones.

​Durante décadas nos vendieron la noción de que el INE era intocable, un «templo de la democracia» blindado por una élite de consejeros e inspectores con sueldos millonarios que justificaban sus prerrogativas bajo el pretexto de la imparcialidad.

Hoy, la evidencia demuestra que bajo la sombra de ese discurso se incubó un sistema parasitarios donde el amiguismo y el saqueo descarado echaron raíces profundas.

​No basta con un boletín tibio ni con la promesa vacía de una «investigación interna» que termine en el carpetazo de siempre. La sociedad no necesita excusas tecnocráticas sobre las fallas de sus bases de datos o la «complejidad del sistema de contratación».
​Exigimos nombres, responsabilidades penales y consecuencias inmediatas:
​Investigación penal de la FGR y la Función Pública: Quienes autorizaron, firmaron y cobraron esos cheques a nombre de personas fallecidas o empresas de funcionarios deben terminar en la cárcel, no con una simple suspensión administrativa.

​Fiscalización total y externa: El dinero asignado a la democracia no puede seguir gestionándose como un cheque en blanco en un foso ciego de impunidad.

​Además del cese inmediato de los involucrados; hasta de encubrir a las redes clientelares que convirtieron a una institución civil en un feudo de saqueo.

​La democracia no se pone en riesgo cuando se señala la corrupción de sus organismos; la democracia muere cuando la ciudadanía tolera que las instituciones creadas para defender sus derechos se conviertan en cuevas de ladrones. El INE no se toca para defender la democracia, pero al INE corrupto se le audita, se le juzga y se le castiga.