¿800 millones y todavía faltan respuestas?

Por Raúl González Nova

En Almoloya de Juárez algo huele a cuentas pendientes. Y no precisamente porque falten discursos, fotografías o publicaciones en redes sociales. Ahora el tema llegó a la Cámara de Diputados: la diputada Marisela Zúñiga pidió revisar el manejo de los recursos públicos y atender los diversos señalamientos que pesan sobre la administración de Adolfo Solís Gómez.

La cifra pone a cualquiera a hacer cuentas: alrededor de 800 millones de pesos anuales.

Y entonces surge la pregunta que seguramente muchos ciudadanos se hacen mientras esquivan baches, esperan agua, reclaman alumbrado o padecen problemas de drenaje:

¿Dónde están los resultados de tanto dinero?

Porque una cosa es presumir que se trabaja y otra muy distinta demostrarlo con contratos, facturas, obras terminadas, avances financieros y beneficios comprobables para las comunidades.

La propuesta de la legisladora plantea precisamente eso: revisar el ejercicio presupuestal, las obras, los contratos y los avances físicos y financieros.

Y aquí aparece otro asunto que comienza a comentarse en los pasillos del edificio de la Presidencia Municipal, al que algunos ya bautizaron coloquialmente como “Invernalia”.

Se dice que familiares del alcalde Adolfo Solís Gómez, específicamente su hermano y su cuñado, estarían concentrando una parte importante de las obras que se realizan en el municipio.

Ojo: esto es un señalamiento que debe comprobarse. Y precisamente por eso la pregunta resulta obligada: ¿quiénes son los contratistas que más obras han obtenido durante esta administración?, ¿qué empresas representan?, ¿qué relación tienen con funcionarios municipales?, ¿cuánto dinero han recibido?, ¿mediante qué procedimiento fueron contratadas y quién autorizó esos contratos?

Porque si los documentos demuestran que no existe conflicto de interés, favoritismo o irregularidad alguna, perfecto. Que se publiquen y asunto aclarado.

Pero si existen vínculos familiares y además una concentración de contratos, entonces las autoridades fiscalizadoras tendrían mucho que revisar.

A esto se suman señalamientos sobre presuntos despidos, amenazas, acoso laboral, discriminación, exclusión de pueblos originarios y posibles condicionamientos de programas sociales. No son hechos que debamos dar por comprobados, pero sí denuncias que merecen investigación formal.

Y mientras tanto, en las comunidades continúan las quejas por baches, alumbrado, agua potable y drenaje.

Entonces la pregunta vuelve a ser inevitable:

Si hay alrededor de 800 millones de pesos anuales, ¿por qué tantos problemas básicos siguen esperando solución?

Gobernar no es administrar una caja privada. Son recursos de los ciudadanos.

Por eso, más que discursos, Almoloya necesita transparencia, contratos abiertos, nombres de proveedores, montos y resultados.

Porque si todo está en orden, demostrarlo debería ser sencillo.

Y si alguien se beneficia de manera indebida de los recursos públicos, también debe quedar documentado y ser investigado.

Mientras tanto, en los pasillos de la presidencia llamada “Invernalia”, las preguntas seguirán circulando.

¿Quién está haciendo las obras? ¿Quién está cobrando? ¿Y quién está revisando que todo sea legal?

Porque cuando se habla de cientos de millones de pesos, la ciudadanía tiene derecho a preguntar.

Y esta vez, quizá ya no basten las fotografías para responder.

Verdades, comentarios y algo más… en Almoloya, las cuentas claras no deberían ser un favor: deberían ser una obligación…

Chin… se me terminó el espacio. Nos vemos en la próxima.

“Si el pueblo unido jamás será vencido, los periodistas unidos no volveremos a ser agredidos.”

Recuerden, amigas y amigos: los periodistas no debemos pedir libertad de prensa; debemos exigirla.

No se mata la verdad matando periodistas.

Decir la verdad siempre, aunque sea motivo de escándalo.

Hasta la próxima, mis queridos lectores.

Raúl González Nova

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