En Toluca, la violencia contra las mujeres no es un tema aislado ni un problema menor. Es una realidad que se vive dentro y fuera de las oficinas públicas, y que se ha convertido en una herida abierta que el gobierno municipal parece incapaz —o poco dispuesto— a atender con seriedad.

El caso más reciente, la denuncia de la reportera Mafer “N” contra el secretario del Ayuntamiento durante el Chorizo Fest, expone de manera brutal lo que muchas mujeres han señalado: el acoso sexual y laboral no solo ocurre en la calle, también se reproduce en las instituciones que deberían garantizar seguridad y respeto.

Ricardo Moreno Bastida llegó al poder con la promesa de “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, los hechos contradicen su discurso. Hoy se cuentan al menos 12 casos documentados de acoso sexual y hostigamiento laboral dentro de la administración municipal. Funcionarios señalados continúan en sus cargos, las víctimas son obligadas a convivir con sus agresores y la respuesta oficial se limita a frases huecas sobre perspectiva de género y protocolos inexistentes.

La contradicción es evidente, mientras el alcalde presume reconocimientos y certificaciones en atención a mujeres víctimas de violencia, en su gobierno se acumulan denuncias que son atendidas con indiferencia. La revictimización es doble: primero el abuso, después la falta de acción institucional.

Toluca no solo enfrenta acoso en sus oficinas. También carga con cifras alarmantes de violencia contra las mujeres y niñas, y con casos de violencia vicaria que permanecen sin resolución. La capital mexiquense, con dos Alertas de Género activas, debería ser un ejemplo de políticas públicas contundentes. En cambio, se ha convertido en un espejo de la impunidad.

El problema no es únicamente la existencia de los casos, sino la normalización del silencio. El Cabildo ha escuchado denuncias directas, los medios las han documentado, las víctimas han acudido a la Fiscalía. Y aun así, la administración se refugia en la Contraloría, en la burocracia y en la evasión de responsabilidades.

La pregunta es inevitable: ¿De qué sirve un gobierno que se dice aliado de las mujeres si en la práctica protege a los agresores? La credibilidad de Ricardo Moreno Bastida está en entredicho, y con ella, la confianza en las instituciones municipales.

Toluca necesita más que discursos y reconocimientos simbólicos. Necesita acciones firmes, separación inmediata de los funcionarios acusados, protocolos claros de atención, acompañamiento real a las víctimas y un compromiso que se traduzca en hechos, no en palabras. Porque mientras el gobierno se esconde detrás de comunicados, las mujeres siguen siendo violentadas en sus calles y en sus oficinas.

Ricardo Moreno Bastida ha fallado en lo esencial: proteger a las mujeres y garantizar un entorno laboral libre de violencia. Su administración es hoy un espejo de lo que ocurre cuando el poder se usa para encubrir en lugar de sancionar. Y mientras el alcalde se refugia en discursos vacíos, las mujeres de Toluca siguen siendo violentadas en sus calles y en sus oficinas.

La pregunta no es si habrá más denuncias, sino cuántas más se necesitarán para que el gobierno municipal deje de ser cómplice. Porque lo que hoy se vive en Toluca no es un problema de protocolos, es un problema de voluntad política. Y esa, hasta ahora, brilla por su ausencia.

PAN no tiene Plan B en Metepec

El respaldo de Enrique Vargas del Villar al trabajo realizado en el municipio de Metepec y la continuidad de un proyecto que ha dado resultados, muestra que el Partido Acción Nacional no tiene un Plan B en Metepec, el senador fue muy claro durante una conferencia de prensa, al brindar su respaldo a Fernando Flores después del penoso episodio que se suscitó en un club privado de la localidad.

Para los panistas lo sucedido es un error, pero no empaña lo realizado durante casi 5 años de gobierno, donde los resultados en seguridad, servicios, mantenimiento y programas de desarrollo social saltan a la vista y tienen contentos a muchos habitantes.