Por Raúl González Nova

En #almoloyadejuárez no solo se gobierna mal… se miente con documento en mano.

El director de Obras Públicas, #AdolfoMartínezJiménez, no solo prometió una obra: la firmó. Se comprometió a iniciar el 23 de marzo de 2026 el encarpetado rumbo a Tabernillas. No fue discurso, no fue “intención”: fue un acto formal que hoy lo exhibe.

Porque la obra no existe.

Y cuando no hay obra, pero sí hay firma, lo que hay es engaño. Así de claro.

Pero esto no ocurre en el vacío. Hay antecedentes… y están documentados.

De acuerdo con informes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, en revisiones a cuentas públicas municipales recientes, Almoloya de Juárez ha acumulado observaciones por montos que superan los 20 millones de pesos en distintos ejercicios fiscales, principalmente en rubros de obra pública y servicios.

Entre las irregularidades detectadas destacan:

Pagos por obras no concluidas

Diferencias entre lo reportado y lo ejecutado físicamente

Falta de expedientes técnicos completos

Deficiencias en procesos de adjudicación

A esto se suma otro dato contundente:

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en mediciones sobre servicios municipales, más del 58% de la población en municipios del Estado de México considera que las calles y avenidas están en mal estado, lo que refleja un rezago estructural en infraestructura básica.

Es decir, no es un caso aislado. Es un patrón.

El nombre de Martínez Jiménez no aparece por primera vez en medio de señalamientos. Hoy, más que dudas, hay confirmaciones: no es descuido… es simulación.

Y esa simulación tiene cabeza: #adolfosolísgómez 

Su administración no solo tolera estos actos, los normaliza. Porque cuando un funcionario firma un compromiso oficial y lo incumple sin consecuencia alguna, lo que se institucionaliza es la mentira.

Y aquí entra un punto clave que no puede ignorarse:

El compromiso firmado podría constituir responsabilidad administrativa, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que sanciona actos como:

Incumplimiento de funciones

Uso indebido de recursos públicos

Falta de veracidad en informes oficiales

Mientras tanto, la ciudadanía sigue enfrentando la realidad: caminos deteriorados, obras fantasma y promesas recicladas elección tras elección.

Hoy la exigencia ya no es política… es legal.

No basta con preguntar dónde está la obra.

Hay que exigir el contrato, el monto asignado, la fuente de financiamiento y el nombre del responsable directo.

No basta con señalar el incumplimiento.

Hay que exigir investigación formal y sanciones claras.

Porque cuando la mentira se firma desde el gobierno, deja de ser omisión… y se convierte en abuso de poder.

En Almoloya de Juárez ya no hay duda:

la obra pública no avanza… pero la simulación está perfectamente documentada.