· Los congresistas de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y de la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura del Estado de México respaldaron la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez, que propone penas de hasta nueve años de prisión por hostigamiento sexual y hasta 20 años por abuso sexual.

· Coincidieron en la necesidad de ampliar los supuestos que configuran los delitos de hostigamiento y abuso sexual y agravar las penas de prisión que ameritan.

· La diputada Zaira Cedillo señaló que la iniciativa se alinea con la campaña de 10 puntos contra la violencia de género de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Congresistas de la LXII Legislatura del Estado de México coincidieron en la necesidad de ampliar los supuestos que constituyen los delitos de hostigamiento y abuso sexual, así como de agravar las penas de prisión correspondientes, tal como propone la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Señalaron que esta medida representa un avance en el fortalecimiento de una vida libre de violencia para mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables en general.

En reunión de trabajo de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia, y para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura mexiquense, en la que se inició el análisis de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal, la diputada Zaira Cedillo Silva (morena) señaló que el planteamiento se enmarca en el Pacto de Xicoténcatl, firmado el pasado 14 de noviembre por personas parlamentarias y servidoras públicas de los gobiernos de la República y estatales, con el fin de homologar estos delitos en todo el país.

También señaló que se enmarca en la campaña de 10 puntos que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual busca homologar este tipo penal a nivel nacional y prevenir toda agresión, invitando a las autoridades de las entidades de México a sumarse a la iniciativa.

En la reunión, la legisladora Itzel Daniela Ballesteros Lule (morena) expuso que la iniciativa transforma la manera en que el Estado enfrentará la violencia sexual, amplía definiciones, endurece penas, garantiza seguimientos y tipificaciones y obliga a reparar integralmente el daño.

Su compañera de bancada, la legisladora Nelly Brigida Rivera Sánchez detalló que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el segundo semestre de 2021, aproximadamente 13.5 por ciento de la población de 18 años o más en zonas urbanas sufrieron acoso personal o violencia sexual en espacios públicos, transporte o lugares de concurrencia social. En el caso de las mujeres, agregó, el porcentaje asciende al 20 por ciento.

El parlamentario Octavio Martínez Vargas (morena) solicitó revisar el tema de la inhabilitación planteada como sanción contra personas servidoras públicas que incurran en esta conducta, así como el de hostigamiento para precisar la redacción.

Por el PRD, la diputada Araceli Casasola Salazar, calificó de indispensable la reforma para avanzar hacia un estado que garantice justicia, protección efectiva y un sistema de no revictimización, incrementar estas penas y sanciones específicas para quien abusan de esta jerarquía laboral, docente o institucional, toda vez que en 2024 se registraron 4 mil de estos delitos por cada 100 mil mujeres.

Por el gobierno estatal, Javier de Jesús Domínguez González, encargado de despacho de la Dirección General de Legislación y del Periódico Oficial «Gaceta del Gobierno», destacó que el planteamiento pide no presumir el consentimiento de la víctima por silencio, por pasividad, por inactividad; enviar a las personas agresoras a tomar talleres educativos contra la violencia; y castigar a personas servidoras públicas que sean omisas o disuasivas antes las denuncias.

A su vez, Enrique Javier Castillo Bual, coordinador jurídico de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia de la Secretaría de las Mujeres, refirió que la

modificación actualiza y fortalece el catálogo de delitos sexuales, pues incorpora nuevas hipótesis acordes a las dinámicas contemporáneas de la violencia.

Cabe señalar que la iniciativa plantea sancionar hasta con nueve años de prisión el hostigamiento sexual y hasta con 20 años el abuso sexual, que se persigan de oficio estos delitos y que, en su interpretación y aplicación, se consideren la perspectiva de género y los contextos de vulnerabilidad de la víctima.

La propuesta amplía el concepto de hostigamiento sexual para quedar como la conducta de naturaleza sexual no consentida a persona de cualquier sexo que le sea subordinada, que lesione su dignidad o que sea indeseable para quien la recibe, valiéndose de su posición derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique jerarquía.

En cuanto al delito de abuso sexual, indica que aplicará a cualquier acto sexual en el ámbito privado o público sin el consentimiento de la víctima y sin el propósito de llegar a la cópula, o a quien lo realice en su presencia, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo sobre sí, en otra persona o para el propio sujeto activo. También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo.

Añade que, por acto sexual, se entenderán los tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas; así como que no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.