Adolfo Solís Gómez repite prácticas cuestionables en el manejo administrativo y laboral
Por Raúl González Nova
Almoloya de Juárez, México.– La administración municipal que encabeza #AdolfoSolísGómez mejor conocido como el circense, vuelve a colocarse en el ojo del huracán tras la destitución y desalojo de la directora de Gobernación, en un acto que presenta claros tintes de ilegalidad y abuso de autoridad.
De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, el secretario técnico, #IsmaelEstradaMercado —excuñado del presidente municipal—, citó a la servidora pública para informarle que debía presentar su renuncia “por motivos de salud”. La funcionaria se negó a firmar y solicitó audiencia con el alcalde para conocer las razones legales y administrativas de su despido. Sin embargo, nunca recibió respuesta, lo que evidencia la falta de transparencia y respeto al debido proceso laboral.

El miércoles 27 de agosto, al acudir a sus oficinas en el edificio conocido como Invernalia —propiedad del presidente municipal—, la funcionaria fue sorprendida con un operativo encabezado por #VanessaRojasBedoya síndico municipal y el director del ODAPAJ #JesúsHernandez quienes, acompañados de elementos de la #policíamunicipal procedieron a desalojarla de manera forzosa.
Este proceder podría configurar violaciones a derechos laborales y humanos, además de abuso de poder, pues la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México establece que todo despido debe estar debidamente fundamentado y motivado, garantizando al trabajador audiencia y defensa. La ausencia de un procedimiento administrativo, así como la utilización de la fuerza pública, exhiben un patrón de prácticas autoritarias en la actual administración.

Cabe recordar que este no es un hecho aislado: en una administración anterior, el mismo presidente municipal habría utilizado tácticas similares contra su entonces esposa, Alejandra Estrada Mercado, a quien removió del DIF municipal con apoyo de la policía, repitiéndose así un modus operandi que raya en lo personal y lo político.
En suma, este episodio confirma el desorden administrativo, la improvisación y la vulneración de derechos que caracterizan la gestión de Adolfo Solís Gómez, dejando en entredicho la legalidad y legitimidad de sus decisiones de gobierno.