Por Raúl González Nova
Almoloya de Juárez, México.– En una administración bajo el liderazgo de #AdolfoSolísGómez conocida en el ámbito local como “el circense”, se multiplican las voces críticas por el trato hacia #Regidores trabajadores municipales y comerciantes. La percepción predominante es que se anteponen criterios de conveniencia política y recaudatoria por encima del orden normativo y la planeación urbana.
Presiones internas y retrasos en pagos, para Regidores y trabajadores aseguran que los pagos de nómina han sido retrasados en momentos de tensión dentro del cabildo, lo cual podría interpretarse como un mecanismo de presión política. Estas prácticas, de confirmarse, representarían un incumplimiento de la garantía de pago puntual establecida por la legislación estatal de servidores públicos.
Comercio informal y saturación del centro, habitantes y comerciantes denunciaron una proliferación de puestos ambulantes con lonas verdes en el centro, algunos invadiendo banquetas y obstruyendo el paso peatonal. Los afectados aseguran que la instalación solo requiere cubrir una cuota y usar dicho distintivo visual, sin controles aparentes que regulen horarios o ubicación.
Este escenario se contrapone con lo estipulado en el Bando Municipal de Policía y Buen Gobierno 2025, promulgado el pasado 5 de febrero de 2025, que redujo su contenido a 384 artículos para mayor claridad y accesibilidad ciudadana. En este reglamento están incluidas normas para evitar la obstrucción de espacios y regular el comercio en vía pública, que parecen no estarse aplicando de forma consistente.
Recaudación sin claridad ni rendición de cuentas, una medida implementada por administraciones anteriores consistió en exentar multas y recargos sobre licencias de funcionamiento, una estrategia que, según datos oficiales citados en medios, impulsó la recaudación municipal al facilitar la regularización de negocios atrasados.
Sin embargo, en la presente administración no se ha publicado información específica sobre los ingresos obtenidos por licencias o comercio informal, ni se ha transparentado cómo esas cuotas —propias o extraoficiales— se están regulando.
Ruido público y contradicciones visibles, es el contraste entre el discurso oficial y la realidad visible en calles y comercios genera desconfianza. Mientras el gobierno habla de orden y modernización, el entorno urbano luce saturado y poco planificado, afectando la movilidad y la imagen del centro.
Los ciudadanos exigen que se publique el monto total recaudado por permisos de comercio, que se detalle qué fracciones del Bando Municipal se activan o ignoran, y que se explique por qué se permite lo que antes fue motivo de críticas abiertas por parte de autoridades como el profesor #Isabelfuentes
La administración de Solís Gómez enfrenta un reto de credibilidad. Debería reforzar la transparencia: publicar cifras de ingresos por licencias, clarificar qué artículos del Bando se aplican al comercio en la vía pública y explicar las razones detrás de tolerar prácticas que contradicen el reglamento.
