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La equidad y la igualdad racial deben guiar la acción estatal en la respuesta al COVID-19, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (6 de abril de 2020) – Expertas y expertos en derechos humanos de la ONU hicieron un llamado urgente para que los gobiernos se comprometan a la equidad racial y la igualdad racial en la prestación de servicios de salud durante la crisis del COVID-19, y evitar el riesgo de una mayor tasa de mortalidad debido a la discriminación.
 
El Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas afrodescendientes dijo en una declaración que la discriminación estructural podría exacerbar la desigualdad en el acceso a atención y tratamiento sanitario, lo que provocaría disparidades en los resultados de salud y mayor mortalidad y morbilidad para las personas afrodescendientes.
 
A pesar de las respuestas sólidas, los Estados no han reconocido los riesgos de salud específicos que enfrentan las personas afrodescendientes o cómo la discriminación racial y los prejuicios implícitos y los estereotipos raciales pueden permear las políticas”, dijo el presidente del Grupo de Trabajo, Ahmed Reid.
 
El experto en derechos humanos destacó que otro problema era la falta de representación en los altos niveles. “Esto impide aprovechar la experiencia y la protección hacia las necesidades de las personas afrodescendientes en la respuesta al COVID-19”.
 
El Grupo de Trabajo enfatizó que los gobiernos deberían examinar cómo el uso de la discrecionalidad, sin una orientación adecuada, tiene un impacto en el riesgo y la vulnerabilidad sobre la base de la raza. Donde existen datos desglosados son evidentes las marcadas disparidades raciales.
 
“Intervenciones que a primera vista parecen neutrales pueden permitir o facilitar prejuicios raciales, sin cuidado ni atención. Hasta ahora, ningún esfuerzo de protección ha centrado la respuesta de salud pública en las vulnerabilidades específicas de las personas afrodescendientes”, dijo Reid. “Esto también plantea la preocupación paralela de que incluso la investigación y la producción de conocimiento en respuesta a esta crisis pueden pasar por alto barreras específicas para la atención o el impacto racialmente discriminatorio de una política”.
 
En su declaración, el Grupo de Trabajo señaló: “El personal sanitario y el liderazgo local, que se encuentran estresados y abrumados, necesitan más orientación, no menos, para prevenir la discriminación racial en este momento crítico, incluidos datos desagregados​​para garantizar un tratamiento equitativo”.
 
Un número desproporcionado de personas afrodescendientes trabajan en industrias de servicios, viven en comunidades densamente pobladas, enfrentan inseguridad alimentaria y respecto al agua, y a menudo carecen de acceso a viviendas seguras. “Estas son fuentes adicionales de riesgo y vulnerabilidad. En muchos Estados, las personas afrodescendientes trabajan brindando asistencia sanitaria en el hogar, como cuidadoras y personal de prestación de servicios que ayudan a los hospitales y los sistemas de salud a centrarse en los casos más graves, a pesar de la ausencia de esfuerzos públicos para garantizar su seguridad y protección”.
 
El Grupo de Trabajo expresó que la presencia desproporcionada de personas afrodescendientes en las prisiones y en campos de personas refugiadas o internamente desplazadas en muchos lugares del mundo era de particular preocupación, dado el contagio extremo, la falta de medidas de protección y el uso del trabajo de personas privadas de libertad. “La disponibilidad continua de personas afrodescendientes para colaborar en esta crisis no significa que sean excluidas”.
 
“Los Estados que usan esta pandemia para suspender o revertir los derechos humanos relacionados con la acción afirmativa, el medio ambiente, la salud pública, la justicia penal y la gobernanza, generalmente perjudican desproporcionadamente a las personas afrodescendientes de una manera que persistirá mucho después de que se resuelva la crisis”, dijo Reid.
 
El Grupo de Trabajo acogió con beneplácito las respuestas sólidas a la pandemia de COVID-19, pero instó a los gobiernos a reconocer la urgencia de los derechos humanos en tiempos ordinarios y garantizar el acceso a educación, vivienda, Internet, atención médica y a las necesidades básicas en todo momento y para todas las personas.