Reconocimiento a las Personas Defensoras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, al Derecho a la Tierra y el Territorio: MPPDDHYP

El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hace un reconocimiento a las y los defensores de derechos humanos y periodistas que, desde los distintos puntos del territorio mexicano, protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); en particular a quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la tierra y el territorio. 

La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, integrada por la Secretaría de Gobernación (SEGOB); la Procuraduría General de la República (PGR); la Comisión Nacional de Seguridad (CNS); la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Consejo Consultivo, reitera a la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

El Mecanismo Federal reconoce la invaluable aportación de las y los defensores de derechos humanos y periodistas quienes, desde los distintos puntos del territorio mexicano, trabajan incansablemente impulsando la vigencia del Estado de Derecho y detonando transformaciones hacia una sociedad más justa.

En este sentido, tal como lo establece la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (“Declaración sobre defensores”), y en atención a las recomendaciones de organismos y organizaciones especialistas en la materia, México debe reiterar su compromiso para garantizar la debida protección y el ejercicio de los derechos humanos.

La situación actual en el mundo amerita un reconocimiento expreso a la labor de quienes protegen y promueven los derechos económicos, sociales y culturales (DESC); en particular a quienes defienden los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la tierra y el territorio, incluyendo los recursos naturales y el medio ambiente; mismos que han sido recientemente identificados como uno de los grupos especialmente vulnerables en nuestro país por la Comisión Interamericana (CIDH); la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, y diversas organizaciones de la sociedad civil. La situación de mujeres defensoras de estos derechos es especialmente preocupante, pues suelen ser víctimas de agresiones como la difamación y campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno expresa su respaldo y reconoce públicamente la labor de aquellas personas y organizaciones dedicadas al desarrollo de estas actividades en Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Oaxaca, Puebla, Sonora, Veracruz y Quintana Roo, entre otros lugares donde la causa ha podido representar un mayor riesgo; al tiempo que rechaza categóricamente cualquier agresión que busque limitar y menoscabar su labor.

En atención a los compromisos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, se debe garantizar a los pueblos y comunidades indígenas de todo el país su derechos a la libre determinación y, en ejercicio de la misma, a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales; a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, de buena fe y plenamente consensuada. También se debe garantizar que no se utilice el sistema penal de justicia para criminalizar a los pueblos indígenas en la defensa legítima de sus derechos, y sancionar a quienes incurran en actos de violencia y hostigamiento en su contra.

En este sentido, y ante las agresiones que se han registrado en contra de esta población, la Junta de Gobierno insta a las autoridades de los tres niveles y órdenes de gobierno a abstenerse a cometer este tipo de agresiones, y a emprender iniciativas desde sus diferentes ámbitos de acción para fortalecer el Estado de Derecho y consolidar una cultura de respeto y  garantía a los derechos humanos. Asimismo, la Junta de Gobierno manifiesta su rechazo absoluto a cualquier obstáculo que vaya en contra de lo anterior y reitera el compromiso de este Mecanismo Federal para proteger y garantizar el derecho a defender derechos; para avanzar diariamente en el fortalecimiento de acciones preventivas hacia la protección efectiva de las personas beneficiarias en cumplimiento de su mandato.

Firman las y los integrantes de la Junta de Gobierno:

  • Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
  • Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
  • Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
  • Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad.
  • Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • Patricia Colchero Aragonés, Coordinadora Ejecutiva Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
  • Alberto Xicoténcatl Carrasco, Integrante del Consejo Consultivo.
  • Araceli Domínguez Medina, Integrante del Consejo Consultivo.
  • Lucía Lagunes Huerta, Integrante del Consejo Consultivo.
  • Steffan Markus Zimmer, Integrante del Consejo Consultivo.
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