POLÉMICA Y AGRESIONES POR LA EVALUACIÓN

Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

A pesar de las muy claras, lógicas, justas y legales sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma educativa y las evaluaciones al magisterio nacional, continúan y amenazan incrementarse las agresivas movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en especial de la sección 22, que junto con las de Guerrero y Michoacán, insisten en un diálogo ventajoso e inútil con la Secretaría de Gobernación. Asimismo, personas y agrupaciones que se dicen de izquierda pretenden polemizar con argumentos superficiales para rechazar reforma  y evaluaciones en apoyo a esa Coordinadora. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos asegura que se trata de una violación implícita y explícita a los derechos laborales de los profesores, en el contexto de la evaluación a la que están siendo sometidos, a pesar de que ya se ha demostrado que no se trata de un atentado contra esos derechos. Dice que “si se les obliga a renunciar a sus plazas, con el pretexto de la reforma educativa, se están vulnerando los derechos laborales”, lo que no es verdad, puesto que sólo se trata de no ganar ascensos o a la reubicación en caso de incompetencia para desempeñar el cargo docente, lo que ocurre principalmente en Oaxaca, donde se venden las plazas a quienes puedan pagarlas, tengan o no la preparación suficiente.

Desvirtuando la realidad, o alterándola para hacerla sensacionalista, los abogados democráticos informaron que el pasado 10 de este mes se cumplieron 892 días de la reforma educativa, instaurada el 26 de febrero de 2013, y hay una “expulsión” de profesores por diversas vías, motivo por el cual cada día 300 optan por la jubilación, lo cual hace prever que hacia finales del sexenio se habrá retirado un millón de trabajadores de ese sector. La cifra puede resultar normal dado el elevado número de trabajadores de esa dependencia, de varios millones, incrementada por la amenaza sentida por ellos mismos de no aprobar la evaluación, además de la próxima vigencia del cambio de sistema jubilatorio y de las utilidades que obtienen con la venta de plazas al ocurrir el retiro voluntario. La exageración llega al máximo al decir que la reforma educativa “ha sido la más severa de los pasados 100 años, sobre todo porque, más allá de lo laboral que contiene los contratos laborales y la legalización del outsourcing, trajo como consecuencia la desaparición de los derechos laborales docentes, como la anulación del derecho sindical, la bilateralidad y la estabilidad del empleo”. Imposible una polémica cuando se pretende comparar la situación actual con la de hace 100 años, en que no existían leyes laborales ni menos sindicatos.

Semejantes argumentos sostienen otras organizaciones que se dicen de izquierda, por eso las autoridades correspondientes no las toman en serio y la Secretaría de Gobernación se niega a reanudar el diálogo, máxime que las equivocadas formas de lucha continúan radicalizándose, en lugar de atender los planteamientos oficiales, que se resumen en: un programa de recuperación de clases, concluir el ciclo escolar 2014-2015 y generar mejores condiciones para el diálogo, que es lo mínimo que debe atender el magisterio por ser su obligación y para dar cumplimiento a sus condiciones generales de trabajo. Gobernación ha insistido en la disposición del gobierno de la República al diálogo, siempre y cuando existan las condiciones para ello, en un contexto de respeto al estado de derecho, que es a lo que se niega la clase magisterial, entre la que el sector más radical es el cártel 22, que a pesar de todos los privilegios que les otorga el gobernador Gabino Cué Monteagudo, amenazan con boicotear la guelaguetza programada para los lunes 20 y 27 de este mes y los procesos de evaluación de desempeño, que se aplican en todos los estados de la República. Al jefe de este cártel, Rubén Núñez Ginés, la Coordinadora ha manifestado su respaldo por el proceso que se le sigue en la Procuraduría General de la República ante denuncias por la comisión de delitos federales.

Por lo que respeta a las evaluaciones, se informó que por segundo año consecutivo, desde que en 2013 entró en vigor la Ley del Servicio Profesional Docente, la Secretaría de Educación Pública no aplicó en todo el país el Concurso Nacional de Oposición para la asignación de plazas docentes y técnico docentes, debido al boicot de la CNTE. La presente programación comprende del 11 al 19 de este mes de julio, pero la SEP informó que en el primer día de aplicación de las dos pruebas estandarizadas, examen nacional de conocimientos y habilidades para la práctica docente, y de habilidades intelectuales y responsabilidades ético profesionales, acudieron 81 por ciento de los sustentantes inscritos para solicitar una plaza en educación preescolar. Aunque mínima, la ausencia se debe a las manifestaciones agresivas de la Coordinadora y a sus amenazas de negar las prestaciones oficiales que indebidamente maneja a quienes no acaten sus descabelladas disposiciones, como la asistencia obligatoria a las marchas y plantones y a todas las manifestaciones en las que la población es la más perjudicada, sobre todo la de Oaxaca, que principalmente desde el inicio de este gobierno del cambio ha sido golpeada todos los días por los abusos magisteriales.

De acuerdo con la información periodística sobre la evaluación realizada el pasado fin de semana, algunos de los aspirantes que participaron en el concurso de oposición para ingresar a la educación básica, en el nivel primaria, señalaron que con la evaluación a docentes, el gobierno federal, en particular la SEP, muestra desconfianza en la formación de las instituciones donde se preparan los docentes. La verdad es que la desconfianza es de todo el pueblo de México, por la baja calidad de la enseñanza que se viene arrastrando desde hace casi medio siglo, y de la que la única responsable es la clase magisterial.

Inline
Inline