GARANTÍAS Y RESPETO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COLUMNA-ABEL-SANTIAGO

Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

En colaboración anterior me referí a lo peligroso que se ha vuelto el ejercicio profesional del periodismo en la entidad, pero sobre todo a las agresiones, amenazas y acoso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 22, contra los medios de comunicación, sólo por cumplir con su trabajo informativo, y transcribí dos pequeños párrafos de desplegados publicados como constancia de algunos graves atentados, suscritos por todos los afectados. Lamentablemente esta situación se ha vivido igual en los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde también operan estos delincuentes con igual intensidad, y aunque en menor escala en todo el territorio nacional, porque el gobierno federal se ha visto impedido a aplicar la ley por el temor a los escándalos que provocan por sí y a través de gran parte de quienes los apoyan, seguramente porque no han sufrido las consecuencias de estos atropellos.

El problema ha continuado y crecido, porque ya ahora no son solamente los mal llamados “maestros”, sino que los han secundado sus alumnos, los normalitas, quienes están aplicando los mismos métodos de “lucha” anticipándose a que no les sea aplicada la reforma educativa, pero más que nada a que se los otorguen plazas tan pronto como concluyan sus estudios, sin que sean examinados o cubran los mínimos requisitos para ocupar una vacante de docente. Los pasados lunes 26 y martes 27  realizaron grandes manifestaciones con actos de vandalismo durante su recorrido, los “estudiantes” de las 11 escuelas normales de Oaxaca, para recordar a sus 43 compañeros desaparecidos de la escuela Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero. Se informó en los diarios locales de los daños que causaron a muchas casas y edificios, principalmente con pintura de aceite en sus fachadas, donde dejaron estampadas sus demandas con insultos a las autoridades. Como de costumbre, las quejas y denuncias de los propietarios de los inmuebles fueron ignoradas, pero la información periodística de inmediato recibe las agresiones de estos vándalos, a quienes sus padres protegen para luego lamentar alguna consecuencia en su contra.

El magisterio y sus seguidores, sin embargo, no han sido los únicos en obstaculizar y perseguir el trabajo periodístico, sino también otras organizaciones de “luchadores sociales”, incluyéndose últimamente a grupos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México y a elementos de los cuerpos de seguridad pública, servidores del gobierno estatal y federal, que reprimen principalmente las publicaciones y comunicadores que informan de la corrupción e impunidad existente en los medios oficiales. Este año ha sido calificado como negro para los medios de comunicación, porque se ha considerado como el más crítico, reportándose que de enero a la fecha ha habido seis homicidios, 110 agravios contra comunicadores y siete acciones contra instalaciones y equipo para el funcionamiento de medios de información. Un reportaje señala que el 17 de este mes de septiembre fue agredida la foto reportera Citlalli Cid, con siete meses de embarazo, por parte de la CNTE, lo que unió al gremio periodístico local, que junto con su denuncia acudió a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, misma que se concretó a solicitar la intervención del Ejecutivo del Estado para garantizar el libre ejercicio del periodismo en la entidad.

La propia Defensoría informó que este año han tomado conocimiento de 123 agravios en contra de al menos 74 comunicadores. En un boletín de prensa informó que “el tipo de agravio que con mayor frecuencia se comete contra comunicadores fue la agresión verbal, con 30 casos, de los que 22 fueron amenazas simples y las demás de muerte. Le sigue en orden de frecuencia la intimidación, con 22 agravios. De acuerdo con la información obtenida, en 19 ocasiones se despojó o hubo el intento, de su equipo de trabajo. Se supo igualmente de 14 casos probables  de detención ilegal o arbitraria, retención ilegal o privación ilegal de la libertad. Registramos igualmente 12 agresiones físicas, con o sin lesiones”. Se menciona que en 74 agravios fueron señalados como agresores agentes de seguridad y organismos gremiales, en 43 los agresores fueron identificados como agentes de diversas corporaciones, en 31 de integrantes de centrales sindicales, entre las que sobresalen las CNTE y la CTM. “El organismo defensor pide instruir a la Secretaría General de Gobierno para que realice las acciones necesarias de conciliación, mediación y sinergia contra los organismos gremiales, proveyendo lo necesario para garantizar el respeto al derecho a la libertad de expresión.” Lo que no es suficiente mientras la acción de la justicia no proceda contra los directamente responsables, que han sido señalados con seguridad y firmeza.

Si revisamos los medios nacionales y consultamos las diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como las instituciones judiciales competentes, encontraremos que ha sido sistemático el ataque y agresiones contra la gran mayoría de medios de comunicación y periodistas independientes, porque muchas de las organizaciones sociales y sindicales actúan en la ilegalidad y no toleran que se les descubra, así como que entre la clase política sigue imperando la corrupción, aunque muchas veces dentro de la legalidad, pero que permanece oculta, como por citar un solo caso, el de las insultantes pensiones que reciben los ex presidentes y sus familiares o sus viudas, de las que se acaba de dar a conocer que la Sasha Montenegro, por vivir con José López Portillo los últimos años de su vida y la señora Paloma Cordero viuda de Miguel de la Madrid, cobran millonarias cantidades de dinero por concepto de pago de seguro potenciado y pensión vitalicia de más de doscientos mil pesos mensuales. De ahí el acoso y la persecución, así como el motivo principal de la permanente lucha por las garantías y respeto a los medios de comunicación y a los periodistas.

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