EL IPN Y AYOTZINAPA

EL IPN Y AYOTZINAPA

Según información periodística, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional demandaron la transformación de su casa de estudios y exigieron la creación de un Congreso Nacional Politécnico, con representación de cada una de las escuelas y vocacionales, que sirva de contrapeso al Consejo General Consultivo -máxima instancia de decisión-, al que señalaron como un organismo que no rerpresenta los verdaderos intereses de la comunidad estudiantil. Aseguraron que su CNP deberá fungir también como instancia que permita alcanzar demandas como la participación “directa y abierta” en la elección del director general, la discusión de la posible autonomía del IPN y la incidencia en la toma de decisiones respecto a la distribución del presupuesto con que cuenta el Instituto. Señalaron que, tras analizar la respuesta presentada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y hacer un balance del movimiento, “hemos alcanzado objetivos importantes, aunque no la totalidad de lo que buscamos.” El paro se inció el pasado 17 de septiembre en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Zacatenco, y se fueron sumando otras unidades hasta llegar al paro toral e indefinido, motivado por el rechazo al nuevo Reglamento Interno y a los planes y programas de estudio que se buscaba implementar “para formar profesionistas con bases únicamente técnicas, dejando de lado los elementos científicos y tecnológicos”, con lo que disminuía la calidad de la formación. En el primer encuentro c on el secretario de Gobernación, los estudiantes dieron a conocer el pliego de 10 peticiones, entre las que se encontraban la cancelación de los nuevos reglamentos y planes de estudio, así como la salida de la directora general del IPN. Este punto fue el primero en cumplirse, pero después de algunas entrevistas con funcionarios de Gobernación, encabezados por el propio titular, se optó por turnar la solución de los demás puntos a la Secretaría de Educación Pública, a la que tocará “instrumentar y dar una respuesta puntual a la contrapropuesta de la Asamblera General Politécnica, específicamente a lo relacionado con la pretendida autonomía para el IPN”. Conociendo lo que es la SEP y sus autoridades, estamos seguros de que se dará tantas largas al asunto como para cansar a los estudiantes u obligarlos a tomar caminos extremos. Este movimiento politécnico, aunque aparentemente es sólo de carácter estudiantil, se considera como el inicio de un nuevo despertar juvenil, que con el paso de los días puede convertirser en movimiento político nacional, porque tiene como antecedente una medida gubernamental que va en contra de los intereses estudiantiles, y porque se da en los días de mayor protesta por los recientes asesinatos de estudiantes normalistas en Ayotzinapa y de civiles a manos de militares en Tlatlaya, estado de México. En el primer caso, y supuestamente con el fin de impulsar un nuevo modelo de educación superior tecnológica, el gobierno federal creó, en julio pasado, el Tecnol{ogico Nacional de México. El objetivo central, destaca el decreto correspondiente, será “orientar y coordinar” los servicios de educación superior tecnológica. Se le otorgan facultades para agrupar a los institutos, unidades y centros de formación de este subsistema, que incluye 491,165 alumnos inscritos en 261 institutos tecnológicos federales y descentralizados en todo el país. Luego del surgimiento del movimiento estudiantil en el IPN, los alumnos rechazaron la creación del TNM, y han solicitado la derogación del decreto, al considerar que sus objetivos se contraponen con los que han sido asignado al IPN en su Ley Orgánica, la cual le señala como finalidad “contribuir a la planeación y el desarrollo interinstitucional de la educación técnica y realizar la función rectora de este tipo de educación en el país”, en coordinación con el Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Se trata entonces de demeritar la formación tecnológica de los estudiantes politécnicos y de abaratar sus servicios profesionales posteriormente ante empresas trasnacionales. En la marcha efectuada el pasado viernes en la capital del país, que concluyó con un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, se pudo ver que el movimiento de alumnos politécnicos está lejos de concluir y resolverse, por las declaraciones hechas por los oradores, quienes también exigieron justicia y esclarecimiento de los hechos del 26 y 27 de septiembre pasado en Iguala, donde fueron asesinadas seis personas -tres normalistas de Ayotzinapa entre ellas- y desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Tanto este crimen como el de Tlatlaya, han llegado a tener eco internacional, por lo que se esperan mayores manifestaciones estudiantiles y populares, así como la solidaridad de otros países, como está ocurriendo ya: 23 integrantes del Parlamento Europeo demandaron el esclarecimiento de la muerte de tres alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 más. Asimismo, pidieron “que no se dé ningún paso adicional en relación con los acuerdos comerciales antes de que la situación de los derechos humanos en México haya mejorado”. En carta dirigida el pasado 11 de octubre a Enrique Peña Nieto y a funcionarios de la Unión Europea, dicen que “la sociedad mexicana, así como una comunidad internacional horrorizada, necesitan saber con urgencia, dónde están los estudiantes desaparecidos. Nosotros los queremos de vuelta con vida junto con sus aterrorizadas familias. Todos necesitamos saber por qué las autoridades y fuerzas de seguridad se hicieron de la vista gorda sobre los ataques, secuestros y asesinatos. Necesitamos saber a quiénes corresponden los cadáveres encontrados en fosas clandestinas en Iguala.” Desde Ginebra, Suiza, legisladores de 33 países latinoamericanos y caribeños condenaron la desaparición y asesinato de estudiantes y demandaron al gobierno de Peña Nieto que no permita la impunidad y se castigue a los responsables de esos hechos. “La desaparición y presunción de homicidio” de los normalistas es “una acci{on que debe ser considerada y sancionada con todo rigor por un país en el que prevalezca el estado de derecho”, se dice en el resolutivo del Grupo Latinoamericano y del Caribe que participó en la 131 asamblea de la Unión Interparlamentaria y Reuniones Conexas. La solidaridad internacional sigue su curso. abelsatiago30336yahoo.com.mx

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