COMPRA DE VOTOS CON PANTALLAS DIGITALES

Por Abel Santiago / abelsantiago30336@yahoo.com.mx

Abel-SantiagoDespués  del carpetazo que el Instituto Nacional Electoral dio a las miles de solicitudes de cancelación de registro al Partido Verde Ecologista Mexicano, por las graves violaciones a la legislación electoral en que incurrió, y que fueron comprobadas por el mismo organismo, ahora elude su responsabilidad de emitir al menos una opinión en relación al uso indebido de los programas sociales, a través de los que el partido en el poder pretende seguir conquistando el voto ciudadano. Como ocurrió en el caso del Verde, ahora también se han presentado denuncias de los partidos de oposición, con pruebas de los abusos y propaganda electoral partidista que cometen las secretarías de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes en la aplicación de los programas sociales, pues además de solicitarles la credencial de elector, los beneficiarios son fichados antes de recibir la pantalla que el gobierno federal les entrega como parte de las acciones para la transición a la televisión digital. La credencial se escanea, se registran domicilios, teléfonos y se toman las huellas dactilares de todos los dedos de las manos y se les toma fotografía. Toda la información recabada se inscribe  en las computadoras de los módulos, en las que se integra un registro, al que se asigna un folio, donde aparecen todos los datos de los beneficiarios. Muchos de estos se quedan a dormir en la calle, a la intemperie, en sus bancos, formados para poder ser atendidos durante el curso del día. La caja que envuelve las pantallas tiene la leyenda “Mover a México”, que es la primera que aparece al encenderlas, y es la misma que utiliza el gobierno de la República para sus principales promociones publicitarias.

Un legislador perredista afirmó que la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, fue el pretexto para armar toda una estrategia electoral en el gobierno federal para favorecer al PRI mediante la entrega de televisiones digitales. Dijo que los diputados y senadores no votaron esa reforma para que se gastaran recursos de esa manera, cuando hay muchas otras necesidades. Consideró que sería pertinente que los partidos políticos, los congresos estatales y los legisladores federales “levanten la voz para decir que no votaron para malgastar el dinero en la compra de los televisores que se están repartiendo”. Recordó que la dirigencia de su partido, en su momento, pidió al INE que emitiera medidas precautorias contra la SEDESOL por la decisión de enviar, en pleno periodo electoral, las notificaciones relacionadas con la entrega de pantallas digitales, pero que no se obtuvo ninguna respuesta. Más aún, se hace coincidir la entrega de los aparatos con el informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, con el lema “Mover a México”, que es el mismo de la publicidad institucional del gobierno federal. El vocero perredista dijo que el PRI “aspira a tener mayor presencia en la capital del país para las votaciones de 2018, y para ello emprendió la estrategia de cooptar a los beneficiarios de programas sociales”.

La presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuestionó que la SEDESOL y la SCT hayan entregado a la empresa de consultoría Código Empresarial S. A. de C. V., la tutela de los datos personales de la población a la que se otorgan televisores con motivo del apagón analógico. Dijo que ninguna de las dos dependencias federales publicó las reglas de operación para la entrega de 7.1 millones de televisores en diversos estados de la República. Afirmó que en la única fuente de información con que se cuenta, se señala que los beneficiarios serán quienes reciben los programas sociales federales. La licitación estipula que la empresa contratada deberá implementar todos los mecanismos para recabar la información de los beneficiarios, la cual estará bajo su resguardo hasta que concluya la entrega de los equipos digitales. Una vez terminado su trabajo, la información pasará a posesión de las dependencias del gobierno federal y los archivos de origen serán destruidos, pero mientras termina ese proceso, los datos personales de los beneficiarios serán responsabilidad de una empresa privada. De ahí que una licitación no sustituye las responsabilidades de las autoridades federales, comentó, agregando que las mismas deberán señalar los motivos por los cuales se requieren la fotografía y huellas dactilares, si para ser beneficiario del programa de transición a la televisión digital terrestre, la licitación establece como requisito ser integrante de alguno de los programas sociales federales. La funcionaria concluyó diciendo que las autoridades responsables pueden ser enjuiciadas por violación a los derechos humanos y por entregar la tutela de los datos personales a una empresa privada, así como que el fichaje de las personas exige una investigación profunda, auditorías y sanciones ejemplares.

La delegación de la SEDESOL en el D. F. atribuyó a la SCT la responsabilidad de tomar huellas dactilares, escanear la credencial de elector y solicitar datos del domicilio para la entrega de televisores digitales a los habitantes de la capital del país. Informó que sólo entregó los padrones de los beneficiarios de los programas sociales, y la logística de la distribución de los aparatos la realiza la SCT. La investigadora de El Colegio de México Araceli Damián, dijo que solicitar esos requisitos significa un control de la vida privada de los ciudadanos; son una forma de intimidación y del control de su voluntad. Los ciudadanos no deben permitir que los fichen en la entrega de los televisores. La gente sabe que el gobierno ya tiene toda su información. “Es un acto que nunca debió darse sin la autorización expresa de las personas”.

Antonio Morales, alcalde perredista del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca, denunció que la SEDESOL condiciona la entrega de estos aparatos diciendo a los beneficiarios de los programas federales 65 y Más y Prospera, que deben recogerlos en las oficinas del comité municipal del PRI. Mientras tanto, es posible que el INE se disponga a dar otro carpetazo a este asunto.

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